Promulgada el 7 de marzo de 1990, horas antes del fin de la dictadura militar de
Augusto Pinochet, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)
era según los jóvenes, la principal causa de la deplorable situación en que se encontraba la educación pública en Chile. Su incidencia fundamental recae en el progresivo desentendimiento
del Estado de su rol de educador en favor de privados, a quienes se les ha entregado
todas las facilidades para que instalen colegios en desiguales condiciones y muchas
veces con el único objeto de lucro, lo que indefectiblemente repercutió en desmedro de
la calidad de la educación (Gerter y Ramos, 2008).
En este sentido, Corea y Lewkowicz señalan que “la lógica mercantil hace que todo
pueda ser consumido como mercancía, incluso la cultura, y por supuesto, también la
educación” (Corea y Lewkowicz, 2004: 24), y que al ser el mercado hoy el único rector
de la educación, la escuela ya no es más una institución, sino un “galpón” prestador de
un servicio, la capacitación. “La institución escolar hoy no se sostiene por su capacidad de institución de ciudadanía sino
por la capacitación o prestación de otros servicios. Se trata de un lugar más pragmático y menos ligado a la formación. La diferencia radica en que las mismas escuelas en los mismos
establecimientos y con los mismos programas, pero en un contexto diverso, dejan de ser
escuelas para el Estado y pasan a ser escuelas para el mercado” (Lewkowicz, 2006: 18).
En Chile son pocos los movimientos sociales que se recuerdan tras el fin de la
dictadura en 1990. Es por ello que la “Revolución Pingüina” -como se bautizó a la
movilización estudiantil que surgió de los liceos públicos- sorprendió a muchos, puesto
que los medios de comunicación habían instalado la idea de que los jóvenes “no estaban
ni ahí”
con nada y que eran menos “despiertos” políticamente.
Sin embargo, una nueva generación de nacidos en democracia conmocionó al resto
de la sociedad para decir que sus posibilidades de ejercicio de ciudadanía futuras eran
limitadas porque el Estado no aseguraba la posesión del derecho al acceso equitativo a
una educación de calidad. En cambio, una característica consustancial a la libertad de
enseñanza, consagrada por ley y regulada por el mercado, es la profundización de las
brechas, la desigualdad de oportunidades consecuente y la legitimación de la
segregación como parte del sistema, que tiene al consumo como única forma de ejercer
la ciudadanía (Gerter y Ramos, 2008).
Como afirma Rossana Reguillo los nuevos movimientos sociales, dentro de los que
se encuentran los movimientos juveniles, se han convertido en agentes de
transformación social, en la medida que tienden a ocupar espacios donde no existen
instituciones o donde éstas han dejado de responder a las necesidades y demandas de la
sociedad (Reguillo 2000: 71).
A partir de una serie de demandas que tenían por objetivo mejorar la calidad de la
educación pública, este movimiento alcanzó un nivel de adhesión tan alto entre los
estudiantes y el resto de la sociedad, que logró instalar su problemática en un lugar
prioritario en los medios de comunicación y en la agenda nacional.
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